Autor: Jan Lust
Resumen: El gobierno peruano de Ollanta Humala
no ha enterrado el
modelo de desarrollo neoliberal y estructuralmente
exclusivo impuesto en la década de 1990.
Adaptado a la correlación de fuerzas de clase en el Perú, se está
implementando una forma social más inclusiva de neoliberalismo. La contribución fiscal de
las industrias extractivas (transnacionales) constituye la piedra angular para la
financiación de sus políticas sociales y proyectos de infraestructura. En el Perú, el único modelo realista del desarrollo es avanzar en la
lucha por el cambio revolucionario.
Introducción
En los últimos cincuenta años ningún
cambio estructural y duradero ha sido implementado en favor de la mayoría
de la población peruana. Todos los
regímenes que gobernaron el país
durante un período determinado,
con la única excepción del gobierno militar de Juan Velasco (1968-1975), se
orientaron a mantener y profundizar el proceso de acumulación de
capital. En este sentido, no
es de extrañar que el concepto dominante de desarrollo se basara en la teoría neoclásica del crecimiento económico, así como en la teoría keynesiana de la crisis.
Las elecciones presidenciales de 2011 podría ser
considerado como una lucha entre
dos concepciones de desarrollo. El
nacionalista Ollanta Humala
centró su programa electoral en conceptos relacionados con la de CEPAL relativas al regreso del Estado en los procesos de producción
y distribución. El punto de vista clásico neoliberal
fue encarnada por Keiko, la hija del exdictador
Alberto Fujimori, y otros partidos políticos de la corriente dominante.
La victoria de Ollanta Humala
levantó muchas expectativas en la población peruana. De acuerdo con el programa de su plataforma electoral Gana
Perú ─una alianza de partidos
políticos de izquierda e intelectuales─ el Perú se transformaría y
las políticas neoliberales, implementadas en su forma
más o menos pura en
la década de 1990, serían enterradas.
El primer gobierno nacionalista era
una mezcla de tecnócratas neoliberales
y profesionales con una orientación
progresista. Este matrimonio no natural duró sólo cinco meses. En diciembre de 2011,
el gobierno cayó sobre la cuestión
de cómo manejar las protestas en
el departamento de Cajamarca en contra de una concesión minera valorada en
4.8 mil millones de dólares. Los ministros progresistas y asesores gubernamentales fueron reemplazados por halcones neoliberales.
En este artículo se argumenta a favor de un cambio revolucionario de la sociedad peruana. Consideramos que la lucha por una sociedad
en la que los seres humanos son las fuerzas impulsoras en lugar de los intereses y necesidades del capital (transnacional), y
donde el desarrollo colectivo forma la base para la asignación individual y social
de los recursos, la única alternativa
viable para el modelo de desarrollo capitalista.
El modelo peruano de desarrollo
El
modelo peruano de desarrollo no puede
ser calificado como tal. Es
cíclicamente inclusivo, pero estructuralmente exclusivo porque no cambia los
fundamentos de la exclusión.
Los orígenes del actual modelo pueden
encontrarse en los cambios del marco
legal y regulatorio que se introdujeron a principios de la década de 1990, en el marco del Consenso de
Washington. La Constitución neoliberal de 1993 permitió
al capital transnacional ampliar y
profundizar sus tentáculos de explotación extrema de mano de obra y de los recursos naturales.
El paquete de medidas económicas
y anti-regulatorias adoptadas por el
primer gobierno de Fujimori (1990-1992) incluyó convenios
de estabilidad jurídica con las
empresas transnacionales y mecanismos legales especiales, tales como la depreciación acelerada y posibilidades de deducir las inversiones en infraestructura pública de
sus pagos de impuestos de la renta. Se prohibió cambiar
las leyes que protegían los
intereses del capital transnacional, pactadas en estos
convenios, para 10 a 15 años.
El enfoque neoliberal no
se cambió después de la “caída” del dictador Fujimori,
orquestada por la propia clase dominante en vez causado por un
levantamiento popular. Aunque el
presidente Toledo (2001-2006)
volvió a reinsertar el país dentro de la
“familia de naciones democráticas”,
fue su gobierno el que institucionalizó
su privatización mediante la creación de
la Agencia de Promoción de la Inversión
Privada (Proinversión), que se le
asignó la tarea de vender la
riqueza de la nación ordenadamente.
Alan García (2006-2011),
por su parte, se propuso la tarea
de impulsar el crecimiento económico y atraer inversiones del
capital transnacional (extractivo) acelerando la parcelación y la venta de tierras indígenas. Mientras que en el 2004, el 13% de este
territorio fue dado en concesión a compañías de gas y petróleo, a finales del
año 2008 eso se incrementó al 70%
(Pinto, 2009: 86; Bebbington, 2009: 14).
En el 2010, más del 70% de la
Amazonía fue parcelada (Huertas Castillo, 2011:
217) y 21 millones de hectáreas fueron dadas en concesión,
aproximadamente el 16% del territorio
nacional (Urteaga, 2011: 40; De Echave,
2012: 72).
La práctica política del gobierno peruano actual se puede situar en
el marco del Consenso de Washington
(Petras y Veltmeyer, 2012b: 54). Esto no debe sorprender, ya que las agencias intelectuales del Estado capitalista no son
capaces de producir un modelo de desarrollo social que socava su propia
posición de clase; el conocimiento no es neutro, sino socialmente determinado.
El gobierno de
Humala considera que las actividades de las industrias extractivas
son cruciales para la financiación de
sus programas sociales y proporcionan la
necesaria estabilidad económica, al aumentar sus exportaciones y las reservas internacionales. Justo antes del comienzo de su presidencia, Humala cerró un acuerdo con las empresas mineras que, supuestamente, permitió al gobierno obtener más recursos financieros que su predecesor
Alan García, quien sólo había seducido a las empresas a donar una parte pequeña
de sus superganancias. El acuerdo de Humala preveía en un nuevo régimen fiscal para las empresas mineras que debería aumentar estructuralmente el
presupuesto del Estado. Sin embargo,
debido a que estos pagos de impuestos
pueden ser considerados como costos y,
por tanto, deducible de impuestos;
los ingresos totales de impuestos no aumentarán
con los ampliamente proclamados mil millones de dólares de ingresos fiscales adicionales.
El régimen de
Humala es totalmente dependiente de
las inversiones de capital extranjero
y los precios en los mercados internacionales de los denominados commodities, determinados en las oficinas
del capital transnacional. En
el período 2007-2010, las industrias extractivas
contribuyeron alrededor del 22% de los ingresos fiscales totales (Sotelo y Francke,
2012: 109). En el
caso particular de las
exportaciones del sector minero, en 1995 estas representaron el 48% de las exportaciones
totales y en los
años 2006-2009 este porcentaje se incrementó al 60%. Esta situación condena
los pretendidos proyectos sociales del gobierno de Humala a la mano visible
de las crisis económicas y a las fluctuaciones y flujos de capital especulativo (Pegg, 2006: 378; Petras y Veltmeyer, 2012a). Además,
aunque el ingreso bruto departamental
de las regiones con actividades mineras
han aumentado, cabe preguntarse si la calidad de vida ha
mejorado (Bebbington et. al., 2011: 225) o si la pobreza se ha reducido
significativamente (Alayza, 2009:
164).
El problema para el cambio revolucionario en el
Perú
La concepción de desarrollo –en sociedades
capitalistas– se opone a la
de liberación, porque connota la posibilidad de que
progreso real y estructural son posibles
dentro de las restricciones implícitas establecidas por el modo de producción capitalista y los intereses
políticos y económicos del
imperialismo y la clase dominante local. De hecho, una definición de desarrollo no es neutra en el sentido
de clase y está determinada política y
económicamente. Esta definición ha cambiado a lo largo del tiempo como resultado
de la lucha de clases global (Parpart y Veltmeyer,
2011). Por estas razones, suponemos
que el cambio revolucionario sería
una mejor descripción que el desarrollo
que se necesita para el establecimiento de las condiciones de un desarrollo pleno e
integral de la población peruana.
La necesidad
de un cambio revolucionario puede
ser defendida sobre la base de los objetivos de desarrollo generalmente
aceptados. Si eso significa la mejora constante y
estructural de las condiciones sociales de una parte cada vez mayor de todo el mundo, debería implicar una ruptura con la mercantilización de las necesidades sociales básicas de la población. Si también apunta a un incremento cualitativo de la participación de la población en la toma de decisiones políticas y económicas, debería significar dar a las masas explotadas y oprimidas la propiedad, el
control y la gestión de los medios
de producción. Este cambio radical
del curso del desarrollo significaría una ruptura de la base del poder
político y económico
de las clases dominantes, es
decir, la propiedad privada sobre
los medios de producción.
La
lucha por el cambio revolucionario
en el Perú se enfrenta a una serie de problemas que varían en carácter, profundidad e importancia. En este artículo nos centramos en dos aspectos: la conciencia social de la población peruana
y las relaciones entre el “Norte” y el “Sur”.
En los últimos veinte
años, el Estado peruano ha sido capaz de erradicar la idea de que la sociedad está compuesta por clases sociales antagónicas y que el desarrollo solo es posible con el libre y desregulado
funcionamiento de los mercados. Sin embargo, en la década de 1980 la lucha de clases alcanza su más alto nivel,
no sólo reflejada en la extensión de la lucha guerrillera, sino
también por el poder político de la
organización Izquierda Unida que funcionó legalmente y, según
McClintock y Vallas
(2005: 71), fue
considerada como la coalición electoral orientada
al marxismo más fuerte en América Latina.
La victoria de
Alberto Fujimori en
las elecciones presidenciales de 1990 marcó un giro radical en
la correlación de fuerzas de clase. Siguiendo los dictados del Consenso de Washington y
usando el terrorismo de Estado, el gobierno fue capaz de erradicar cualquier fuerza social popular o clasista contra el neoliberalismo. Estas “políticas” fueron
combinadas con un ataque ideológico
a las ideas relacionadas con el colectivismo,
la intervención estatal y la regulación.
Las medidas económicas
introducidas por el gobierno de Fujimori
parecían tener efectos positivos,
y podrían ser consideradas como el
fundamento de la conciencia
social actual de la población peruana.
De hecho, se podría defender la tesis que
la población dio la bienvenida a las propuestas neoliberales porque estaba con la espada
contra la pared. Estaba dispuesta a
aceptar cualquier programa económico que
podría resolver la crisis y cortar una inflación galopante a proporciones “normales”. Además, las ideas colectivistas estaban “fuera” después
del colapso de la Unión Soviética y del socialismo realmente existente en Europa del Este a finales de los años 80. Cuando los programas de microcrédito comenzaron a expandirse,
la ideología del capitalismo se extendió
a todos los rincones de la sociedad.
Los desempleados y los pobres
encontraron una manera de salir de
su miserable existencia: emprendimiento.
Las relaciones entre el “Norte” y
el “Sur” se caracterizan por el predominio político y militar del centro imperialista.
Aunque, actualmente, el 45% de la producción mundial de cobre, el 50% de plata, el 26% de molibdeno, el 21% de zinc
y el 20% del oro se produce en América
Latina[1] y, por lo tanto, se podría argumentar que su importancia
estratégica para la economía mundial
podría contribuir al desarrollo de un camino “independiente”,
es decir, de los dictados de Washington;
sin embargo, este punto de vista abstrae la noción que los intereses del capital transnacional se
integren con los de la burguesía local, de su posición como clase unificada respecto a las fuerzas revolucionarias opuestas.
El panorama para el cambio revolucionario en el Perú y en el resto de América Latina parece ser poco prometedor
si tenemos en cuenta que la lucha
tiene que enfrentar enemigos tanto
internos como externos. Los
intereses del capital transnacional son monitoreados por su base política y militar y la burguesía local. Dado que cambios en el modo de producción y distribución afectará enormemente la
riqueza de los países dominantes, los desarrollos
políticos en América Latina están siendo
“influenciados” en el caso de que sus
intereses puedan verse afectados.
Experiencias recientes han demostrado
–Zelaya, Honduras 2009 y Lugo, Paraguay
2012– que en el caso de que los gobiernos piensen en cambiar las reglas del juego impuestas
por el imperialismo, van a tener que
enfrentar la posibilidad de ser derrocados.
Las propuestas que apuntan a un cambio revolucionario deben tener el carácter de clase de las relaciones internacionales en
consideración.
¿Qué
hacer?
Un cambio
revolucionario de la sociedad comienza con la conciencia de que esto es posible. Consideramos que el único concepto viable de desarrollo es el
avance de la lucha por un proceso
que conduce a una sociedad basada en principios socialistas. Esto implica estar armado con una comprensión de
clase de las condiciones objetivas
como las condiciones subjetivas para el cambio revolucionario y de sus interrelaciones. Solo esto nos permitirá comprender plenamente la dinámica de una sociedad de clases y, en particular, la situación política
actual en el Perú. Además, significa
proyectar esta comprensión a la lucha contra el
modelo de desarrollo presente con
el fin de contribuir a la transformación estructural de la sociedad.
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